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Los sindicatos rechazan los recortes en educación

Creen que convocar sólo el 10% de las vacantes en la Oferta de Empleo Público perjudica la calidad de la enseñanza

Los principales sindicatos han rechazado las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para el sector público, que contemplan nuevos recortes en la financiación de la enseñanza y establecen sólo un 10% de reposición de las vacantes producidas. Recuerdan que los funcionarios docentes ya han sufrido congelaciones e, incluso, rebajas salariales durante los últimos años, y consideran que todas estas restricciones presupuestarias afectan negativamente a la calidad de la educación.
Los sindicatos denuncian que los recortes anunciados, y los acometidos en los últimos años, originan una pérdida de puestos de trabajo y del poder adquisitivo de los salarios, y comprometen el desarrollo de numerosos programas y actividades educativas.

Madrid. G. A.
El sindicato ANPE celebra que el nuevo Gobierno considere la educación como “un servicio esencial para la oferta de empleo público”, pero a la vez lamenta que, entre las medidas urgentes para 2012 aprobadas por el Consejo de Ministros el 30 de diciembre, establezca una tasa de reposición de efectivos de sólo el 10%, “una cifra muy insuficiente y alejada de las necesidades reales de renovación de la enseñanza”. Este sindicato recuerda que el anterior Ejecutivo ya adoptó las primeras medidas restrictivas, “cuyos principales destinatarios fueron los funcionarios públicos y, por ende, los docentes, que vieron recortadas sus retribuciones entre un 5% y un 10%, en una decisión sin precedentes”.
También añade que los presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas “redujeron posteriormente sus partidas en educación en un montante superior a los 2.000 millones de euros, lo que afectó gravemente a programas educativos y a políticas de personal, con una pérdida de empleo que estimamos en más de 15.000 personas”. Por eso, considera que la congelación salarial anunciada por Mariano Rajoy “viene a castigar de nuevo al colectivo docente”, y denuncia que “antes de la crisis habíamos perdido un 20% de nuestro poder adquisitivo, mientras que en el resto de los países de la UE aumentaban las retribuciones salariales del profesorado”. Por eso recuerda que “los recortes presupuestarios afectan directamente a la calidad de la enseñanza”, y vuelve a pedir “un pacto de mínimos que preserve al sistema educativo de los embates de la crisis económica”.

Prioridad

La Federación de Enseñanza de CCOO pide al nuevo ministro “que otorgue a la educación la prioridad necesaria como servicio esencial para salir de la crisis económica, y mejorar la igualdad y cohesión”. Y le insta a que pare “los recortes educativos que se están produciendo en la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el PP”. Esta organización sigue apostando por el diálogo para conseguir “un acuerdo desde el consenso político, como el mejor instrumento para mejorar entre la calidad y la equidad de nuestro sistema educativo”. Y “ante la actual situación de crisis económica y el aumento desabocado del paro”; reitera “la importancia estratégica” de la enseñanza “para el cambio de modelo productivo y el crecimiento en la formación de trabajadores cualificados”.
Por eso, CCOO considera prioritario “desarrollar la dimensión social de la educación”; crear infraestructuras para el ciclo de 0 a 3 años en la red pública; promover un plan de implantación de las nuevas tecnologías y de la mejora de la formación en idiomas; un “plan de apoyo al éxito en la ESO y de reducción del abandono temprano y el fracaso escolar”; y desarrollar programas específicos de compensación para “los alumnos en situación de desventaja social”. También reclama “reconocimiento y valoración social para los profesionales de la enseñanza”; una ley de financiación del sistema educativo; y una red pública de centros integrados de FP, “promoviendo el desarrollo de la formación a lo largo de la vida”; y rechaza “los recortes y las privatizaciones que se están produciendo”.

Jarro de agua fría

Para el Sector Nacional de Enseñanza de CSI-F la tasa de reposición del 10% en educación es “un jarro de agua fría y un mazazo para las ilusiones de miles de opositores, que llevan mucho tiempo invirtiendo su tiempo y su dinero esperando tener una oportunidad para su futuro laboral y profesional, y ahora pasarán a engrosar las listas del paro juvenil”. Cree que “en educación las vacantes no se van a quedar sin cubrir, ya que no se puede dejar sin maestro un aula repleta de niños, y los interinos que las ocupen tienen unos costes ligeramente superiores para las administraciones que los del funcionario de carrera con oposición”.
CSI-F afirma que estas medidas provocarán “el aumento de la inestabilidad en las plantillas, la precarización del empleo docente, y la imposibilidad para los centros de elaborar planes a medio plazo para luchar contra el fracaso escolar”. Y dice ser consciente “de la crítica situación económica de nuestro país, de la necesidad de ajustar el gasto público a las necesidades de nuestra situación, y de que todos tenemos la obligación de contribuir a la consecución de esos fines”. Pero también pide a los nuevos dirigentes “que se esfuercen en la búsqueda de soluciones que no sean más de lo mismo”, y que no tiren mucho más del cabo de la educación de los jóvenes, “porque puede tener una consecuencia de alcances impredecibles la existencia de una generación perdida y, eso, ni éste ni ningún otro país lo puede soportar”.

Atentado contra la calidad

También la Federación de Enseñanza de UGT manifiesta su rechazo a estas medidas “que; una vez más; afectan a los empleados públicos, y constituyen una vulneración de sus derechos y un atentado contra la calidad de los servicios públicos y contra los derechos del conjunto de la ciudadanía”. Considera que dichos trabajadores “vuelven a ser cabeza de turco para paliar las cuentas deficitarias del Estado”, y recuerda que ya “vieron recortados sus salarios en un 5% en mayo de 2010 y en una congelación salarial en 2011 que, junto a la decretada ahora para 2012, suponen pérdidas importantes de su poder adquisitivo”.
FETE-UGT teme “que el Gobierno pueda dictar por decreto nuevos recortes en los próximos meses”, y rechaza “la congelación de la oferta de empleo público que, si bien en el sector docente puede situarse en un 10% de las vacantes, no contempla la reposición de nuevos efectivos que precisa el sistema para ofrecer una educación de calidad, y supone una frustración para decenas de opositores, de jóvenes que buscan un empleo”. También critica que se tomen estas medidas “sin haber llevado a cabo un análisis previo para establecer un diagnóstico global de los recursos humanos en el conjunto de las administraciones públicas”.

Los padres

Por su parte, la Confederación laica de padres, CEAPA, ha pedido al nuevo ministro de Educación “una apuesta decidida por buscar el mejor escenario posible de interlocución”, para lo que, considera, debería formar su equipo con personas dispuestas al diálogo. Cree que las distintas organizaciones tienen que trabajar de forma conjunta con las diferentes organizaciones de la comunidad educativa. Y advierte que “los padres, como primeros educadores, responsables e interesados en la educación de nuestros hijos, tenemos el derecho la participar activamente en la gestión democrática de los centros docentes, y en el diseño de las políticas educativas que afectan a la formación integral de nuestros hijos en la escuela”.
Mientras, la Confederación de padres católicos, CONCAPA, denuncia “el grave problema ocasionado por la larga demora en el pago de los conciertos educativos en determinadas comunidades autónomas”, y exige a las administraciones educativas que los satisfagan “urgentemente”. Recuerda que “tanto la financiación de la educación pública como de la concertada se sostiene gracias a los impuestos que pagamos todos los españoles, para poder tener derecho a que la educación obligatoria sea gratuita”. Y considera “inadmisible que, debido a la crisis, se pidan sacrificios a las familias y se nos prive a la vez de un derecho básico como la educación que, evidentemente, resulta afectado en estas condiciones de retraso, puesto que los centros concertados que sufren esos retrasos no pueden cubrir sus gastos de funcionamiento”.