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Madrid.
G. ARIANES
La Confederación
Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), la Confederación
de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza-intersindical (STES-i),
Izquierda Unida (IU), el Sindicato de Estudiantes (SE), la Confederación
de Movimientos de Renovación Pedagógica (MRPs) y Europa Laica (EL), encabezan
a una serie de instituciones del ámbito educativo que han redactado una
declaración conjunta ante el documento “Propuestas para un Pacto Social
y Político por la Educación”, elaborado por el Ministerio. Antes de nada,
han reiterado su compromiso “por una escuela pública, laica, gratuita,
democrática y de calidad”, y han recordado que “en el contexto de grave
crisis económica que vivimos, se contempla la educación y la formación
de las personas a lo largo de la vida como un importante factor estratégico
para hacer frente a la recesión económica”.
Pedro Rascón
(presidente de CEAPA), Callos Sanz (STES-i), Loles Dolz (IU), Tohil Delgado
(SE), Julio Rogero (MRPs) y Fermín Rodríguez (EL), han informado sobre
esta iniciativa en rueda de prensa, y han reconocido que ante tal situación
“no es de extrañar que la posibilidad de un acuerdo que intente dar estabilidad
al sistema educativo, y buscar soluciones a los problemas de la educación
en España, haya suscitado simpatías en amplios sectores sociales”. Pero
también han advertido que tanto el documento ministerial como “algunas
de las propuestas realizadas desde otros ámbitos políticos y sociales,
dibujan un escenario regresivo para el futuro de la escuela pública”.
Ataque
En
concreto, han denunciado que el documento del Ministerio “propone la equiparación
de la escuela privada concertada con la de titularidad pública, incorporando
los centros concertados, mayoritariamente confesionales, a un único servicio
Público de Enseñanza”. Por ello, consideran que el Departamento “renuncia
a garantizar, para el conjunto de la ciudadanía, el derecho universal
a la educación en condiciones de igualdad, a la pluralidad ideológica,
a la inclusión y la calidad con equidad, lo que representa un fuerte ataque
al modelo de escuela pública, que con tantos esfuerzos hemos ido construyendo
en la última etapa democrática de nuestro país”.
También advierten
que los actuales problemas del sistema educativo “tampoco se abordan adecuadamente”
con propuestas de “itinerarios segregadores”, con la reducción de una
“escolaridad obligatoria básicamente común”, ni con “apelaciones a la
autoridad del profesorado, que simplifican los problemas de convivencia
en los centros, al tiempo que los enmascaran”. Los responsables de estas
organizaciones creen que hasta ahora el Ministerio sólo está negociando
realmente con el Partido Popular, y únicamente ha recogido algunos de
sus planteamientos, lo que supone un “peligro de regresión y privatización
de la escuela pública, renunciando a conquistas democráticas logradas
durante los últimos años y asumidas por la práctica totalidad de la comunidad
educativa”.
Contrareforma
Por
ello, insisten en que aunque el ministro Ángel Gabilondo habla de un pacto
“social y político” por la educación, hasta ahora sólo se está promoviendo
un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, excluyendo a los demás
grupos del arco parlamentario y a los representantes de la comunidad educativa.
En su opinión, todo ello podría originar un convenio con “la derecha que
representa el PP”, y derivar en “una contrarreforma que relegue a la escuela
pública a un papel subsidiario, privatizando el sistema educativo para
favorecer a los colegios concertados, y olvidando que sólo la escuela
pública garantiza el derecho de todos a una enseñanza en condiciones de
igualdad”.
En consecuencia,
estas organizaciones se ratifican en su defensa de una escuela pública
y laica, vertebradora del sistema educativo, “que respete la libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión”; una escuela de calidad “que
reconozca y respete la diversidad como un hecho enriquecedor”; y una escuela
inclusiva “para todos”. Y también una escuela pública igualitaria “en
la que todos se reconozcan mutuamente como iguales en dignidad, derechos
y deberes”; una escuela gratuita “que cuente con todos los medios necesarios”
para que los ciudadanos puedan seguir aprendiendo durante toda la vida;
y una escuela democrática “que utiliza el diálogo y la negociación para
resolver los problemas o conflictos que puedan surgir”.
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