Vicent Esteve
Coordinador de Política Educativa de STEs-i

Porque gobernar es establecer prioridades, necesitamos que el pacto político y social en materia de educación se dirija a profundizar y mejorar la educación pública, a través de la cual los enormes beneficios individuales, sociales y económicos que comporta una educación de calidad llegan al conjunto de la ciudadanía, independientemente de su lugar de residencia, de sus creencias y de sus condiciones socioeconómicas.
El foco de una nueva política educativa, sostenida en el tiempo a pesar de la alternancia política, debe ponerse sobre el llamado fracaso escolar, esto es, combatir el riesgo de exclusión social, atender las necesidades educativas de quienes tienen menos oportunidades, incidir en la detección temprana de las dificultades de aprendizaje y poner los medios necesarios al alcance de todos los centros educativos que los requieran. En este sentido, el pacto no puede suponer una reforma de la LOE para aumentar la financiación de la enseñanza privada, como contrapartida para acallar las continuas exigencias de los sectores más conservadores de la sociedad.
Forma parte de la lógica histórica que la derecha recurra a la autoridad y a la disciplina para atajar problemas sociales. Atajar, que no resolver. Es la coherencia de su discurso sobre lo público: la autoridad como diagnóstico de la situación de la educación, como solución, es barata, se aviene perfectamente con los recortes en políticas sociales, y refuerza la privatización que predica el discurso neoliberal. La enseñanza privada no está continuamente en el ojo del huracán mediático. El mensaje es simple al igual que perverso.
Por el contrario, la educación es asunto complejo, de nada vale la simplificación. La reforma del Código Penal para endurecer las sanciones a quienes agredan a un profesorado investido de autoridad pública puede que tenga un efecto disuasorio, pero no aportará nada para mejorar las condiciones que rodean el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es imprescindible contar con las medidas que ayudan a prever los conflictos y a mejorar la convivencia: unas ratios razonables en las aulas, recursos y profesionales adecuados en los centros educativos para asesorar a los docentes, a las familias y al propio alumnado en el terreno de la convivencia escolar.
La naturaleza del trabajo docente requiere la autoridad del conocimiento, la misma que la sociedad concede a médicos, científicos, intelectuales o artistas. Muchos y muchas docentes lo consiguen. Muchos centros lo pretenden con ahínco, aunque no son noticia por ello. La autoridad hay que ganársela en las aulas, pero no sólo. Con más y mejores medios, con una mejor formación, se abordaría en mejores condiciones la complejidad de la docencia. Con una mayor consideración social del profesorado, con un reconocimiento de la importancia de su función social, mejoraría su autoridad, la que cuenta de verdad en la relación diaria con el alumnado y con sus familias.

Calidad y equidad

Acierta el ministro Gabilondo cuando une a la calidad la equidad. La calidad debe ser para todos y para todas: acceso a las tecnologías de hoy; enseñanza plurilingüe; promoción del conocimiento, aprendizaje y uso de las lenguas propias y cooficiales de cada comunidad autónoma; instalaciones dignas y bien equipadas; pero también métodos de aprendizaje adaptados a las exigencias derivadas de la enorme diversidad del alumnado.
Para que todo ello sea posible, las inversiones en educación deben aumentar progresivamente, hasta alcanzar el 7% del PIB. Si se quiere dejar atrás los factores de atraso que aún caracterizan al sistema educativo en el estado español no es suficiente con alcanzar la media de la UE (5%). Hay que dar un salto cualitativo en los próximos años, por razones de justicia social (combatir la exclusión) y de índole económico (apostar por la cohesión social mientras se apoyan nuevos sectores productivos).
En lo que respecta a la dimensión social de un pacto de esta naturaleza, junto a la revalorización social de los docentes, cabe exigir su participación. El profesorado no sólo ha estado expuesto a los cambios continuos de legislación educativa, sino también a las transformaciones sociales y culturales que han acompañado el devenir de la democracia, ahora no puede asistir como convidado de piedra al debate político entre el Gobierno y la oposición. Por su papel de actor, debe participar en cualquier acuerdo, junto a los otros sectores de la comunidad educativa, para llegar a un pacto social y no sólo político.